miércoles, 21 de octubre de 2020

Comunicación con los hijos

Los hijos deben tener contacto con el progenitor no conviviente. De otra manera habría obstrucción o bloqueo del vínculo y el afectado podría interponer una denuncia por impedimento de contacto. Solo un juez podría decidir suspender la comunicación, en caso de existencia de causas graves, que ameriten dicha suspensión por causas fundadas en la protección física y psíquica del menor.

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viernes, 21 de agosto de 2020

El Poder Judicial reabrirá con turnos, protocolo y la recomendación de no ir a las dependencias


El servicio de justicia será restablecido el lunes 24 de agosto. Abogados, Magistrados y Funcionarios recomiendan extremar los cuidados para "proteger la salud" de los actores del sistema y evitar la propagación del virus.

Los colegios de abogados, magistrados y funcionarios de la ciudad plantearon en forma conjunta una serie de pautas preventivas de cara al total restablecimiento del servicio de justicia en el Departamento Judicial de Mar del Plata, previsto para el próximo lunes 24 de agosto.

De acuerdo a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia, luego de casi cinco meses volverá a funcionar plenamente la actividad judicial.

Sin embargo, entre los profesionales del sector hay preocupación y recomiendan la aplicación de turnos online o telefónicos, piden evitar concurrir a las dependencias y extremar los cuidados “a los efectos de proteger la salud de los actores del sistema y evitar la posible propagación del virus”.

En un comunicado firmado en forma conjunta, el Colegio de Abogados de Mar del Plata y el Colegio de Magistrados y Funcionarios local recomendó a los profesionales de la justicia que “eviten la concurrencia a las dependencias judiciales”, con excepción de aquellas cuestiones que sean urgentes o necesariamente presenciales y que no puedan canalizarse por otros medios de contacto.

En caso de deber asistir a alguna dependencia, destacaron que los interesados “deberán coordinar la asistencia personal al organismo con los funcionarios del mismo, mediante la utilización del sistema de turnos judiciales” al cual puede accederse a través del sitio https://stj.scba.gov.ar/ o bien telefónicamente.

Por otro lado, los abogados, magistrados y funcionarios del Poder Judicial subrayaron que en todos los casos “deberán respetarse las pautas establecidas en el Protocolo General de Actuación”.

Por último, consideraron “imprescindible” lograr la “mutua colaboración” y el “necesario entendimiento” entre quienes componen el sistema, con la finalidad de “alcanzar soluciones inmediatas” a los inconvenientes que puedan plantearse en el marco de la nueva modalidad de administración de justicia y de ejercicio de la profesión.

https://www.lacapitalmdp.com/el-poder-judicial-reabrira-con-turnos-protocolo-y-la-recomendacion-de-no-ir-a-las-dependencias/

sábado, 25 de julio de 2020

Notificación procesal. Alimentos provisorios. E-mail. Nulidad. Desestimación


R. D. V. M. M. C/ M. P. D. S/ ALIMENTOS

EXPTE. N°J7-17759

AUTOS Y VISTOS: Estos autos venidos a mi público despacho a fin de emitir  pronunciamiento sobre el planteo de nulidad incoado por la parte demandada.

CONSIDERANDO: Peticiona el demandado la nulidad de la notificación que le cursara por mail la actora de la fijación de alimentos provisorios que realizara la Dra. Pellegrini.

En primer lugar debo referir que la actora se limitó a cumplir con la orden jurisdiccional dada en la resolución de fecha 17 de abril del 2020, mediante la cual se la autorizó a notificar dicha resolución por medio de mail.

Acto jurisdiccional que encuentra ampliamente fundamentado en la situación imperante en el país que motivó el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 279/20 y las Resoluciones de la Suprema Corte de Buenos Aires 386/20 y siguientes, las facultades instructorias que posee la Excma. Sra. Jueza (art. 34 inc. 5° acap. «b» del C.P.C.C. y 706 del código Civil y Comercial ), la importancia del derecho en litigio (arts. 658 y concordantes del Código Civil y Comercial y 3, 4 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño), la razonabilidad del método telemático al que se recurrió (arts. 143 y 143 bis del Código Procesal Civil y Comercial y art. 3 aplicación analógica Res. 10/20 de la SCBA), la aplicación de principios fundamentales del derecho (art. 9 del Código Civil y Comercial) y rectores de nuestro sistema jurídico de la incorporación de la Convención Sobre los Derechos del Niño a nuestra Constitución (arts. 75 inc. 22 de la CN, arts. 11, 36 inc. 1 y 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y art. 4 in fine de la Ley 13298 y 3 in fine de la Ley 26061).

Sin perjuicio de las consideraciones vertidas ut-supra, corresponde al suscripto expedirse también en relación a la competencia de este organismos en los presentes obrados, toda vez que conforme surge del relato de los hechos y de la compulsa del registro informático, ambas partes poseen entre sí causas iniciadas con anterioridad a las presentes actuaciones, radicadas en el Juzgado de Familia N°3 Departamental.

Al respecto cabe inferir que el art.830 del CPCC (conf. ley 11.453) establece que la Receptoría General de Expedientes deberá remitir las solicitudes de trámite al Tribunal que hubiere prevenido, en caso de existir peticiones anteriores entre las partes.

De esta manera, la norma que dió origen al Fuero de Familia en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, determina también un mecanismo específico para la radicación de nuevos procesos entre los tribunales de su competencia, basado en el principio de prevención. Norma que, al ser específica, debe primar sobre las reglas generales establecidas en el art.5to del CPCC, y aún sobre especiales del art.6to del mismo cuerpo legal, por ser posterior.

En autos, según se desprende de la compulsa del registro informático que por ante el Juzgado de Familia N°3 de este Departamento Judicial se encuentran radicadas las causas caratuladas «XXXXXXXXXXXXX», iniciada con fecha 28 de febrero de 2020.

En vista de la íntima relación que une a todos los expedientes, resulta razonable señalar que deberá ser un mismo Juzgado quién conozca en los procesos originados en esta conflictiva familiar, lo que otorga la ventaja de tener unidad de criterio en la valoración de cuestiones que se vinculan entre sí.

Finalidad que se logra, en orden a lo dispuesto por el art.830 citado, y dada la intervención previa del Juzgado de Familia Nº3 Departamental, -que importaría su prevención, a la luz del razonamiento expuesto-, con la radicación de este proceso ante esa dependencia

RESUELVO: 1.- Por lo dicho, corresponde RECHAZAR la nulidad planteada por el Sr. M., sin imposición de costas en virtud de los fundamentos y forma en la que fuera resuelta.

2.- Atento el recurso de apelación interpuesto, corresponde conceder el mismo en relación con efecto devolutivo (arts. 245 y siguientes del CPCC).

A favor de la defensa del principio de economía procesal, las características que son inherentes al proceso de familia -art. 706 del Código Civil y Comercial- y coincidiendo con los doctrinarios en la materia sobre que, la fundamentación prematura del recurso importa la renuncia por parte del recurrente de un beneficio que la ley le otorga; tiénese por fundado el recurso interpuesto y confiérese traslado a la contraria por el término de cinco días mediante cédula (PALACIO, Lino E., Derecho Procesal, T V, pág. 96, ARAZI, Roland en AA.VV. Código Procesal, Tomo I, pág. 469, QUADRI, Gabriel Hernan, Los Recursos Ordinarios en el Proceso Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, pág. 207). -art. 246 del ritual-.

Oportunamente a fin de resolver el recurso interpuesto habrá de remitirse el presente a la Excma. Cámara Dptal.

3.- Declinar la competencia de éste Juzgado para entender tanto en estos obrados como en la causa sobre divorcio en trámite por ante este Juzgado (Expte. N°J7-16838) y remitirlos al Juzgado de Familia Nº3, del Departamento Judicial de Morón para su tramitación (arts. 7 y 8 del CPCC). Sirva la presente de atenta nota de envío.

Conforme lo dispuesto en el párrafo anterior, procédase a extraer copia del presente a fin de ser adjuntada a la causa N°J7-16838 sobre divorcio, en trámite ante este Juzgado.

4.- REGISTRESE, notifíquese y póngase en conocimiento de la Receptoría General de Expedientes.

Guillermo Torti

Juez

La resolución es de fecha 14 de Julio de 2020

fuente

viernes, 24 de julio de 2020

La administración de los bienes del hijo menor de edad


Autor: Víttola, Leonardo R.Cita: RUBINZAL CULZONI RC D 1889/2020

Encabezado:

El autor analiza lo relativo a la representación por parte de los progenitores de los hijos menores de edad, haciendo hincapié particularmente en cómo opera la disposición y administración de los bienes de estos.

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL HIJO MENOR DE EDAD

Dentro del Capítulo 8 del Título VII -Responsabilidad Parental- el Código Civil y Comercial (en adelante, CCC) regula lo relativo a la representación por parte de los progenitores y, en particular, cómo opera la disposición y administración de los bienes del hijo menor de edad.  La representación de los progenitores está destinada a suplir la falta de capacidad del hijo menor de edad para la realización de determinados actos. Circunstancia que se encuentra estrechamente ligada a la noción de autonomía progresiva que dimana del artículo 26 del mismo cuerpo normativo, pues a medida que la persona menor de edad vaya adquiriendo mayor autonomía en correlación irá disminuyendo la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos del hijo.   Esta flexibilización del sistema de representación que propicia el CCC (art. 26, 677 y sstes.) se encuentra acompañada de algunas presunciones iuris tantum que surgen de la compulsa de diversas normas. Un ejemplo de ello es el art. 677 al sostener: "... se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores, o de manera autónoma con asistencia letrada...".   De manera tal, que el sistema cuenta con un parámetro flexible, la autonomía progresiva, y uno estático, la edad. Habrá que analizar cada caso en concreto para poder brindar soluciones adecuadas en función de la exigencia de la normativa vigente.  En materia de administración de bienes del hijo menor de edad el art. 685 dice: "La administración de los bienes del hijo es ejercida en común por los progenitores cuando ambos estén en ejercicio de la responsabilidad parental. Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de los progenitores. Esta disposición se aplica con independencia de que el cuidado sea unipersonal o compartido".   Como puede verse, en consonancia con el sistema que propicia el ejercicio de la responsabilidad parental compartida, la administración de los bienes del hijo menor de edad también lo es. La norma busca privilegiar la coparentalidad, garantizando la presencia de ambos progenitores en las decisiones vinculadas a la vida de sus hijos, incluidas las decisiones patrimoniales.   Dentro de estas decisiones patrimoniales el legislador a través de la normativa aplicable distingue tres tipos de actos diferentes que pueden realizar los progenitores:  a. Actos de conservación: Son aquellos actos que se vinculan con lo urgente o ineludible para preservar en su integridad los bienes que componen un patrimonio determinado[1]. Este tipo de actos, la norma señala que pueden ser otorgados por cualquiera de ambos progenitores indistintamente, presumiéndose de esta manera que cuenta con la anuencia del otro (cfr. art. 641, inc. a, CCC).   b. Actos de administración: Son aquellos actos referidos a la obtención de rentas, utilidades o productos que corresponden al destino económico del patrimonio del hijo menor de edad[2]. De conformidad con lo normado por el art. 685, estos bienes deben ser otorgados conjuntamente por ambos progenitores en consonancia con lo normado por el art. 645, salvo que se haya delegado la administración en cabeza de uno de ello (cfr. art. 687).  c. Actos de disposición: Son aquellos que implican una alteración en el patrimonio, por ejemplo, enajenación o gravamen en el patrimonio del hijo menor de edad[3]. Estos actos, de conformidad con lo normado por el art. 692 requieren autorización judicial para poder ser realizados.   En cuanto a los actos de conservación y actos de disposición el CCC resulta ser muy claro y no deja lugar a diferentes interpretaciones.   Sin embargo, ahondando en el tema que nos ocupa, en torno a los actos de administración es necesario realizar algunas consideraciones.   En primer lugar, se ligan las funciones de administración al ejercicio de la responsabilidad parental y no al cuidado personal. En este sentido, como se señaló precedentemente, dichas funciones recaerán sobre ambos progenitores independientemente de que el cuidado personal sea compartido o unilateral, en consonancia con lo normado por el art. 645 del mismo cuerpo normativo que dice: "Si el hijo tiene doble vínculo filial se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para los siguientes supuestos: (...) e) administrar los bienes de los hijos, excepto que se haya delegado la administración de conformidad con lo previsto en este Capítulo".   La norma habla de consentimiento de ambos progenitores en caso de doble vínculo filial establecido centrándose en la responsabilidad parental independientemente de la noción de cuidado personal.   Ahora bien, en doctrina, la interpretación que se realiza acerca del conjunto de estas normas no resulta ser uniforme[4].   En el supuesto que exista un ejercicio compartido de la responsabilidad parental no existe controversia alguna. El problema se plantea frente a los supuestos en donde el ejercicio de la responsabilidad parental es unilateral por los motivos expresados en el art. 641, inciso b del CCC: "El ejercicio de la responsabilidad parental corresponde: (...) b) (...) Por voluntad de los progenitores o por decisión judicial, en interés del hijo, el ejercicio se puede atribuir a sólo uno de ellos, o establecerse distintas modalidades."  Algunos autores de reconocida trayectoria sostienen que incluso en estos casos es necesario el consentimiento expreso del otro progenitor de conformidad con lo normado por el art. 645, inc. e del CCC, sumándose el consentimiento del hijo adolescente en caso que corresponda. Entienden que la exigencia del art. 645 no cede frente al ejercicio unilateral de la responsabilidad parental, pues dicha norma prescribe situaciones de hecho en la vida del hijo menor de edad que por su mayor transcendencia el legislador decidió apegar la norma a la titularidad y no al ejercicio de la responsabilidad parental. De allí que comience diciendo: "... si el hijo tiene doble vínculo filial..."[5].   Otra postura, a la que adhiero, afirma lo contrario[6].   El art. 685 sostiene: "La administración de los bienes del hijo es ejercida en común por los progenitores cuando ambos estén en el ejercicio de la responsabilidad parental..." (el resaltado me pertenece). De este modo, la intención del legislador resulta ser clara, en pretender ligar las funciones de administración de los progenitores al ejercicio de la responsabilidad parental y no a su titularidad.   Ahora bien, ¿qué sucede con el art. 645, inc. e entonces? A diferencia del resto de los supuestos previstos por la norma, en el supuesto específico de la administración de los bienes del hijo menor de edad se debe flexibilizar la exigencia del doble consentimiento. En efecto, el propio legislador exceptúa este requisito al decir: "... excepto que se haya delegado la administración de conformidad con lo previsto en este Capítulo..." (el resaltado me pertenece, art. 645, inc. e). La norma en estudio remite a lo normado por el art. 687, del cual se desprende lo siguiente: "Los progenitores puede acordar que uno de ellos administre los bienes del hijo; en ese caso, el progenitor administrador necesita el consentimiento expreso del otro para todos los actos que requieran también autorización judicial".   En este entendimiento, si por imperio de la autonomía de la voluntad los progenitores pueden designar que la administración de los bienes del hijo menor de edad recaiga sobre uno de ellos, requiriéndose consentimiento expreso únicamente para la realización de actos de disposición (cfr. art. 692), resulta a todas luces claro que los actos de administración de los progenitores sobre los bienes del hijo menor de edad se desprenden del ejercicio de la responsabilidad parental y no así de su titularidad.   El art. 645 flexibiliza únicamente el supuesto previsto en el inc. e, dejando ligado dichos actos al ejercicio de la responsabilidad parental y no a su titularidad, con el afán de brindar soluciones más adecuadas y expeditas a las familias, en respeto con la autonomía de voluntad o la decisión judicial que haya establecido el ejercicio en cabeza de uno de los progenitores.   Esta postura que aquí se propicia se encuentra en consonancia con las reglas de interpretación que dimanan del art. 2 del CCC, debiendo priorizarse, en caso de discordancia entre dos normas de la misma jerarquía, aquella que resultare ser más específica sobre el tema que se trate. De esta manera, en materia de administración de los bienes del hijo menor de edad deben priorizarse las normas más específicas; en el caso, el art. 685 que liga sin hesitación alguna dichas funciones al ejercicio de la responsabilidad parental [7].   Una interpretación contraria implicaría un excesivo rigor formal que atentaría contra el patrimonio de la persona menor de edad, entorpeciendo la cotidianidad con la que deben gozar los actos de administración.

[1]

Zannoni, Eduardo A., Derecho de Familia, Astrea, Buenos Aires, 2006, T° II, p. 816.

[2]

Zannoni, Eduardo A., Derecho de Familia, ob. cit., T° I, p. 609.

[3]

Zannoni, Eduardo A., Derecho de Familia, ob. cit., T° II, p. 815.

[4]

Para ampliar ver, Lorenzetti, Ricardo Luis (dir.), Lopes, Cecilia y Vittola, Leonardo R., en Código Civil y Comercial Explicado, doctrina y jurisprudencia, Derecho de Familia, T° II, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2019, p. 348 y sstes.

[5]

Lloveras, Nora; Orlandi, Olga; Tavip, Gabriel, en Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera Marisa y Lloveras Nora (dirs), Tratado de Derecho de Familia, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, T° IV, p. 341.

[6]

Mizrahi Mauricio, Responsabilidad parental, Astrea, Buenos Aires, 2015, p. 297.

[7]

Herrera, Caramelo, Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Infojus, 2015, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, T° I, p. 15, El CCCN, más allá de explicitar los lineamientos generales en materia de hermenéutica jurídica, también dispone determinadas reglas de interpretación al regular algunas instituciones o figuras. Por ejemplo, cuando se refiere a los Contratos en general (...) el art. 963 -Prelación normativa- establece: "Cuando concurren disposiciones de este Código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación: a) normas indisponibles de la ley especial y de este Código; b) normas particulares..."; entre otros ejemplos. Esta lógica resulta igualmente aplicable en el supuesto como en el que se desarrolló en el presente, donde frente a la colisión de dos normas de igual jerarquía, debe prevalecer aquella particular o más específica.


 

miércoles, 22 de julio de 2020

Alimentos provisorios en juicio de filiación. Jurisprudencia



Fallo revoca el rechazo a la habilitación de feria en un proceso donde se solicitan alimentos provisorios vinculados a un proceso de filiación.
Expte. Nº 13107-2020 –“C, N. M. D. V. y Otro c/M. C. s/alimentos provisorios” – CNCIV – SALA A – 14/05/2020
Citar: elDial.com - AABD4DCORONAVIRUS. HABILITACIÓN DE FERIA EXTRAORDINARIA. Motivos de urgencia. RECLAMO DE ALIMENTOS PROVISORIOS VINCULADOS A UN PROCESO DE FILIACIÓN. Información sumaria para acreditar la verosimilitud del derecho. Citación de testigos para ratificar los dichos, quienes no pudieron concurrir al disponerse el aislamiento social, preventivo y obligatorio. PRETENSIÓN DE HABILITACIÓN DE FERIA A FIN DE QUE SE TENGAN POR VALIDAS SUS DECLARACIONES Y SE FIJE LA CUOTA ALLIMENTARIA. ACORDADA 4/2020 Y SIGUIENTES DE LA CSJN. SE REVOCA LA RESOLUCIÓN QUE DENEGÓ LA HABILITACIÓN DE FERIA. Medidas necesarias para analizar la procedencia de los alimentos requeridos

“…Las mentadas normas refieren que a los fines de habilitar dicho receso se deberá tenerse especialmente en consideración, entre otras, las siguientes materias: b) no penal: asuntos de familia urgentes, resguardo de menores, violencia de género, amparos – particularmente los que se refieran a cuestiones de salud. A partir de lo expuesto y dado el tenor del pedido formulado, que encuadra dentro de los motivos de urgencia que justifican la habilitación de la feria judicial, corresponde admitir lo solicitado y dejar sin efecto la resolución recurrida. En consecuencia, en la instancia de grado deberán adoptarse las medidas necesarias a fin de analizar la procedencia de los alimentos provisorios requeridos.”

Deudas en dólares ¿Cómo se pagan?



Las deudas en dólares comienzan a despertar gran preocupación tanto para acreedores como para deudores, motivando un universo de consultas de aquellos que deben dinero en moneda extranjera y también de quienes buscan cobrar en dólar billete. Entre las preguntas más frecuentes que recibimos los abogados que abordamos esta problemática en ascenso están: ¿Debo pagar una deuda en dólares con billetes? ¿Puedo cancelar la deuda pagando con pesos? ¿Es lo mismo deberle a una persona particular que a un banco?

Destaco que el conflicto todavía está gestándose porque sus consecuencias aún se encuentran aplacadas, en parte, gracias a la feria judicial que se viene dilatado desde el comienzo del aislamiento. Tenemos un gran problema: una fiera enjaulada y hambrienta pero todavía sedada. Corremos con algo de ventaja, pero no mucha. El problema está lejos de disiparse, por el contrario, es una olla a presión que suma temperatura a medida que crece o se mantiene la brecha entre el valor del “dólar blue” -que es ilegal, aunque algunos lo maquillen con nombres edulcorados como “dólar informal”- y el precio oficial de la divisa.

Las dudas suenan como alarmas a medida que el conflicto galopa: por un lado, quienes tienen un crédito a cobrar, pretenden recuperar ese dinero que prestaron antes de que las condiciones de sus deudores empeoren en el contexto de la crisis; y por el lado de quienes han solicitado un préstamo en la divisa estadounidense, también ellos buscan respuestas y salidas elegantes -o lo menos gravosas posible- atento al perjuicio que podría ocasionarles tener que cubrir esa deuda en lo inmediato, cuando el precio de los dólares alternativos están en alza.

A la vez, estas preguntas generan nuevos cuestionamientos: ¿Qué valor del dólar se toma frente a una deuda en moneda extranjera? El dólar blue, que como dijimos es ilegal, ¿puede ser una referencia? Y aún estando al margen de las normas, ¿tiene sentido tomarlo como parámetro de la realidad? ¿Se puede tomar el precio del “contado con liqui” o “Mep”? ¿Qué pasa con las cláusulas que se utilizaron tomando como referencia la cotización en las plazas de Montevideo o Nueva York? ¿Cómo juega entonces el dólar oficial? ¿Se puede hacer un “mix”? ¿Cómo adquirir dólar billete en este contexto? ¿Cómo hacerlo frente a las restricciones impuestas por las autoridades monetarias? Las deudas más comunes que hoy pueden generar un conflicto judicial son préstamos Hipotecarios en dólares, préstamos de dinero en dólares (mutuos), saldos de boletos de compra y venta en dólares y reconocimiento de deudas en moneda estadounidense.

Que dice el Código Civil y Comercial
El artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que "la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal".

Debemos aclarar que hay opiniones de juristas y jurisprudencia que determinan que el mencionado artículo no es de orden público, lo que llevaría a concluir que pueden las partes decidir sobre el modo de cumplimiento de esa obligación (renunciando o dejando de lado, por ejemplo, la cancelación de dicha obligación en pesos, caso en que el acreedor se vería beneficiado). Diferente es el caso si nada dijeron y solo se menciona que la deuda es en dólares, donde podrían recurrir al pago en pesos al tipo de cambio oficial, situación más ventajosa para el deudor.

Por su parte, el artículo 766 determina que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, lo que abre la puerta a que la obligación sea exigida -para su cancelación- en dólares billetes o su valor para conseguirlo. Hay que tener en cuenta que, en general, cuando se hace referencia a esta norma, se pacta como condición esencial de la obligación, lo que sellaría la fortuna en la interpretación del contrato. También suelen pactarse cláusulas como que en caso de no poder conseguir la divisa en billete, la parte deudora se compromete a pagar con los pesos necesarios para adquirir los dólares en plazas intencionales como Uruguay o Estados Unidos. Es de estilo leer cláusulas que fijan que se cancela la deuda mediante la adquisición de títulos públicos que se compran en pesos en Argentina como vehículo para adquirir la moneda extranjera.

El contrato firmado por las partes es la pieza principal que debe estudiar el abogado a la hora de determinar cómo, cuándo, dónde y de qué forma se cancela la obligación. Para dar una opinión de un caso concreto debemos analizar el documento que firmaron el deudor y el acreedor. Más allá de este parámetro básico, es imprescindible poner en contexto y situarse en él para obtener el mejor resultado posible. En este marco, negociar cobra especial valor e interés para llegar a un punto de acuerdo satisfactorio, un equilibrio en donde no se produzca una sangría para ninguna de las partes. No todas las respuestas están en la letra de las leyes, por eso, y en el inexorable contexto de incertidumbre que hoy se vive -y que promete continuar-, resulta imperioso apelar a la buena predisposición y al ingenio jurídico para plantear soluciones alternativas que además de concretas, sean posibles.


Jorge Monastersky.

Director de deudasendolar.com

Abogado.

Dr. En Ciencias Jurídicas y Sociales. U.M.S.A

martes, 21 de julio de 2020

Fuero Federal: Suspenden excepcionalmente la feria judicial invernal 2020



El Consejo de la Magistratura, mediante resolución 149/2020 dispone suspender excepcionalmente la feria judicial invernal del corriente año 2020 para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluido el Tribunal Superior de Justicia.


Toda la información -> https://bit.ly/feria-judicial-invierno-caba

Comunicación con los hijos

Los hijos deben tener contacto con el progenitor no conviviente. De otra manera habría obstrucción o bloqueo del vínculo y el afectado podrí...